Prohibición del Uso de Celulares en las Elecciones: ¿Garantía o Represión?
Las elecciones en Ecuador están al rojo vivo y una decisión judicial ha generado polémica: los votantes no podrán usar celulares ni dispositivos electrónicos al emitir su voto el próximo 13 de abril. Quienes incumplan podrían enfrentar multas de hasta $32,000 y procesos legales por infracción electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció esta medida, respaldada por la Corte Constitucional (CC), con el argumento de preservar el secreto del sufragio y evitar presiones externas. Sin embargo, detractores de la norma alegan que restringe derechos ciudadanos y podría prestarse para manipulaciones en el conteo.
¿Protección Democrática o Exceso de Control?
La prohibición no solo aplica a los votantes, sino también a los miembros de las juntas receptoras del voto, salvo un integrante autorizado para realizar los conteos. Desde el gobierno argumentan que grupos criminales estarían coaccionando a votantes para respaldar ciertas candidaturas, justificando la medida como un esfuerzo por evitar fraudes y extorsiones.
El punto clave es que la CC declaró "constitucionalidad condicionada" sobre la normativa. En otras palabras, la prohibición debe limitarse al momento exacto de marcar y depositar la papeleta, sin impedir que el ciudadano ejerza su voto.
Sanciones Severas y Repercusiones
Quienes infrinjan esta disposición se exponen a sanciones drásticas, desde una multa equivalente a 21 salarios básicos hasta la suspensión de derechos políticos por cuatro años. Esto plantea la pregunta: ¿es proporcional o una estrategia de disuasión extrema?
Conclusión
Si bien la intención es garantizar un proceso electoral limpio, la medida podría tener efectos secundarios en la confianza ciudadana. La vigilancia del proceso y la garantía de transparencia serán claves para evitar que esta regulación sea vista como un intento de control excesivo en la democracia ecuatoriana.
